El Tribunal Constitucional declara ilegal el 1º Estado de Alarma

El Tribunal Constitucional declara ilegal el 1º Estado de Alarma, esta decisión se ha tomado por seis votos a favor y cinco en contra, considerando que el confinamiento estricto debería haberse realizado mediante un estado de excepción al haberse visto afectados derechos fundamentales.

El encierro domiciliario del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez entre el 14 marzo hasta el 21 de junio de 2020 para frenar la primera oleada del coronavirus fue ilegal. Un Tribunal Constitucional dividido casi por la mitad zanja que aquel confinamiento establecido en el artículo 7 del decreto de alarma no tenía el amparo de nuestra Constitución.

El voto de la Vicepresidenta del Tribunal Constitucional a favor de decretar inconstitucional el encierro masivo durante los momentos más duros de la pandemia de 2020 fue el que acabó de inclinar la balanza en un cuestión que ha partido al tribunal en dos mitades irreconciliables a pesar del larguísimo debate. Cinco magistrados mantuvieron hasta el final que el estado de alarma era suficiente, mientras que otros cinco se mantuvieron inamovibles en que el Ejecutivo vulneró la carta magna.

Suspender derechos como el de la libre circulación –entiende la sala- es algo que solo podía hacerse bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso de los Diputados.

El fallo abre la puerta a la anulación de muchas de las 1,2 millones de sanciones impuestas durante los 98 días que duró aquella normativa, pero quedaría por ver si también permitiría la presentación de una cascada de demandas al Estado por los perjuicios económicos provocados por el confinamiento total a empresas y particulares.

La sentencia, que todavía está redactándose y podría cambiar, pretende exonerar a la Administración de la responsabilidad civil bajo la idea de que los ciudadanos tienen el «deber jurídico» de soportar los perjuicios en una situación de emergencia como una pandemia de esta envergadura. 

En esencia, la resolución del Tribunal Constitucional declara nulo el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, que es el que dio luz verde a lo que el propio texto definió como la «limitación de la libertad de circulación de las personas», pero que el tribunal ahora entiende que en realidad fue una suspensión en toda regla de derechos fundamentales. Aquel precepto fue el que, además de facultar al Ministerio del Interior a «acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas», limitó la salida de los domicilios a actividades como la compra, desplazamientos indispensables hacia el trabajo, asistencia a centros sanitarios o motivos de «fuerza mayor o situación de necesidad». Para más información póngase en contacto con nosotros mediante este enlace

Fuente: Diario El Correo S.A. Sociedad Unipersonal

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