Desahucio por arrendamiento de industria

Los desahucios en los últimos años están a la orden del día, debido a la elevada morosidad que se produce, tanto entre particulares como en el mundo empresarial. Los desahucios a inquilinos han avanzado mucho en rapidez, ya que el impago de una sola mensualidad da al propietario derecho a iniciar el procedimiento y recuperar el inmueble en un breve plazo de tiempo. No obstante, esto se refiere tan solo a alquileres de vivienda. Pero en los arrendamientos de locales de negocio también se producen demoras importantes en el pago del alquiler. Aquí surge la duda, ¿puedo desahuciar al inquilino de mi local de negocio o industria?

Cuando existe imposibilidad de cumplir con el pago de la renta por el cierre del local de negocio, como consecuencia de las medidas que se han tenido que adoptar por la crisis sanitaria, Carmen Giménez asegura que «no existe incumplimiento en sus estrictos términos, sino que se ha provocado una situación de excesiva onerosidad del arrendamiento para el arrendatario, imposible de cumplir por este último, por lo que las partes, en virtud del principio de buena fe, están llamadas a negociar sobre dicha situación, para intentar moderar o modular lo inicialmente convenido y reequilibrar sus posiciones contractuales».

En caso de que no haya posibilidad de acuerdo, el último recurso del arrendatario es solicitar el auxilio judicial invocando la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” implícita en todos los contratos, con el fin de que sea un tercero quien modere o module las obligaciones económicas del contrato de alquiler.

En principio, tiene que ser la modificación del contrato para  reequilibrar las obligaciones, y solo en caso de imposibilidad la resolución de la obligación, en ambos supuestos sin indemnización por incumplimiento.

La norma prevé una moratoria de la renta diferente, a solicitar en el plazo de un mes desde que entró en vigor, es decir, hasta el 23 de Mayo de 2020, dependiendo si el arrendador o propietario del local es un gran tenedor, empresa o entidad pública de vivienda, o no.

La moratoria debe ser aceptada por el arrendador una vez sea propuesta, y si el arrendatario reúne los requisitos, siendo su duración a lo largo de todo el estado de alarma, prorrogable mes a mes desde que se alce este último y hasta un máximo de cuatro meses. Es decir, la duración de la moratoria será lo que dure todo el estado de alarma más un máximo de cuatro meses añadidos.

«El importe de dicha moratoria será abonado, sin intereses ni penalización alguna, a lo largo de la vigencia del contrato, y en todo caso, en un plazo máximo de dos anualidades.

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